Diecinueve de marzo de 1812. La ciudad de Cádiz, sitiada desde el 5 de agosto de 1810, resiste al invasor. En ella arde la llama de la resistencia nacional al francés, y en ella los representantes del pueblo español, reunidos en Cortes Constituyentes, se preparan ese día para aprobar, en sesión solemne, la primera Constitución que tendrá la nación en su historia y una de las primeras del mundo.

Larga ha sido su elaboración, y no exenta de discusiones. Tres grandes tendencias políticas, los absolutistas, los jovellanistas y los liberales, han disputado sobre cómo debe ser la norma fundamental que rija los destinos de España. Unos quieren inmovilidad, otros reformas y los últimos, cambio total y revolución. Serán éstos los que impongan sus tesis, que se plasmarán en la Constitución Española de 1812, la ?Pepa?, como la llaman los castizos, por haber visto la luz el día de San José.

¿Qué decía la Pepa? Pues, por ejemplo, que la soberanía reside en la Nación (art.3). Al mismo tiempo se articulaba la división de poderes en ejecutivo (rey), judicial (tribunales de justicia, aunque con las excepciones de las jurisdicciones militar y eclesiástica) y legislativo (Cortes). La Corona quedaba muy limitada por las Cortes, depositarias de la soberanía nacional, aunque se le dejaba cierta capacidad legislativa junto a la ejecutiva. El rey nombraba a sus ministros (Secretarios), quienes debían responder ante las Cortes, pero no podían ser cesados por éstas. Se establecía también un sistema administrativo típicamente liberal y centralista. Se declaraba la religión católica como única de los españoles. Se creaba además un ejército permanente y una Milicia Nacional, ésta última separada del ejército y que debía servir de cuerpo de defensa del Estado liberal.

La Constitución instauró un nuevo sistema electoral por sufragio indirecto a tres niveles: universal en el nivel de parroquia e indirecto en los partidos judiciales y provincias. El sufragio era en realidad censitario (es decir, sólo los que ganaban cierta cantidad de dinero podían votar), ya que los diputados debían contar con una renta de bienes propios y una residencia fija. La Constitución de 1812 comenzaba con una declaración de los derechos del hombre en la que se reconocía la igualdad de todos los españoles, el derecho de petición o la libertad de imprenta, regulándose el derecho de propiedad y el de libertad civil. Por tanto se había creado un nuevo marco político que rompía de forma revolucionaria con las estructuras del Antiguo Régimen.

Una vez aprobada, se redactaron y aprobaron numerosas leyes para desarrollar la nueva Constitución. Pero no hubo tiempo de ponerlas en práctica. Una vez acabada la guerra y derrotado el invasor, el rey Fernando VII volvía a España y, seguro de su fuerza, decretaba el 11 de mayo de 1814 la nulidad de la Constitución y de todas las leyes que le siguieron, volviendo al absolutismo. En 1820 volvía a ponerse en vigor tras el pronunciamiento de Riego, pero en 1823 de nuevo Fernando VII, a pesar de haberla jurado, la derogaba.

La Pepa no volvió a estar en vigor, pero fue ejemplo de constitucionalismo no sólo en España, sino que sirvió de guía a muchos pueblos de Europa para elaborar sus propias cartas magnas en su lucha contra el absolutismo.

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